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El nearshoring puede acercar operaciones a Estados Unidos, pero una expansión sostenible también exige definir estructura, impuestos, talento, contratos y cumplimiento en cada jurisdicción.
Expandirse a América Latina no consiste únicamente en trasladar operaciones a un país cercano. El nearshoring puede reducir distancias, facilitar la colaboración horaria y acercar una empresa al mercado estadounidense, pero una expansión sostenible también exige definir cómo se venderá, contratará, invertirá y operará en cada jurisdicción.
México y Colombia ofrecen oportunidades relevantes para empresas con conexiones entre Estados Unidos y América Latina. Sin embargo, no son mercados intercambiables. Cada país tiene reglas corporativas, tributarias, laborales, cambiarias y regulatorias propias. La decisión adecuada depende del modelo de negocio, la actividad, el tipo de clientes, el talento requerido y los objetivos de capital de cada empresa.
El nearshoring describe la decisión de ubicar una función empresarial más cerca del mercado principal. Puede involucrar manufactura, tecnología, servicio al cliente, operaciones financieras o equipos profesionales. No define, por sí solo, la estructura jurídica de la expansión.
Una empresa puede relacionarse con un nuevo mercado de distintas maneras:
Cada alternativa produce consecuencias distintas. Antes de constituir una entidad o firmar contratos, conviene establecer qué actividad se realizará, quién asumirá los riesgos, dónde se generarán los ingresos y qué nivel de presencia local requiere la operación.
La oportunidad regional combina proximidad, integración comercial, talento y relaciones empresariales cada vez más estrechas entre las Américas.
En 2022, el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que el nearshoring podría añadir USD 78.000 millones anuales a las exportaciones de bienes y servicios de América Latina y el Caribe en el corto y mediano plazo. El mismo análisis advirtió que aprovechar esa oportunidad requiere inversión, infraestructura e integración. Es decir, la proximidad geográfica no sustituye la preparación institucional y empresarial.
La relación también tiene una dimensión demográfica y económica. Las proyecciones de 2023 de la Oficina del Censo de Estados Unidos estiman que la población hispana podría representar el 26,9 % de la población estadounidense en 2060 bajo su escenario medio. Por su parte, el U.S. Latino GDP Report 2026 calcula un PIB latino de USD 4,4 billones y señala que, si se midiera como una economía independiente, ocuparía el cuarto lugar mundial.
Estas cifras no garantizan que una expansión tenga éxito. Sí muestran que las conexiones culturales, laborales, comerciales y de inversión entre Estados Unidos y América Latina forman parte de un mercado con peso propio.
Elegir un país únicamente por costos, idioma o cercanía puede conducir a una estructura que no corresponda con la operación. México y Colombia ilustran por qué la selección debe ser específica.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entró en vigor el 1 de julio de 2020. Además del comercio de bienes, el T-MEC contiene capítulos sobre comercio digital, propiedad intelectual, anticorrupción, buenas prácticas regulatorias y pequeñas y medianas empresas.
Este marco puede resultar relevante para compañías que evalúan manufactura, distribución, tecnología o prestación de servicios vinculados con Norteamérica. Sin embargo, operar en México todavía requiere revisar, según el caso, la estructura societaria, las relaciones laborales, el tratamiento tributario, las importaciones, la propiedad intelectual, la protección de datos y los permisos sectoriales.
El Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia está vigente desde el 15 de mayo de 2012. El acuerdo aborda, entre otros asuntos, comercio de bienes y servicios, inversión, servicios financieros, propiedad intelectual, contratación pública y facilitación aduanera.
Para empresas interesadas en equipos profesionales, operaciones de servicios, inversión o crecimiento regional, ese marco ofrece un punto de partida, pero no reemplaza el análisis de la regulación colombiana aplicable a la actividad concreta.
México y Colombia también son miembros de la Alianza del Pacífico junto con Chile y Perú. En 2026, sus coordinadores reafirmaron el objetivo de fortalecer la integración y la proyección internacional del bloque. Aun así, pertenecer a un acuerdo regional no convierte a sus miembros en un solo mercado jurídico.
El primer paso no es elegir una sociedad, sino definir cómo funcionará el negocio. Exportar, contratar proveedores, abrir una subsidiaria, adquirir una compañía o desarrollar una alianza local generan responsabilidades diferentes.
También debe analizarse si la actividad podría crear presencia fiscal, obligaciones de registro o responsabilidades para la entidad extranjera. La respuesta cambia según el país, la duración de la actividad, las facultades del equipo local y la forma en que se celebran los contratos.
La estructura debe reflejar quién será propietario de la operación, cómo se tomarán decisiones, cómo circularán los recursos y qué ocurrirá si ingresan nuevos inversionistas.
Los estatutos, acuerdos de accionistas, facultades de representación, contratos intercompañía y reglas de propiedad intelectual deben funcionar como un sistema. Para empresas respaldadas por inversión, también conviene revisar cómo la expansión afectará el cap table, los derechos de los inversionistas y futuras rondas de Capital de riesgo.
Una expansión puede involucrar impuestos corporativos, retenciones, precios de transferencia, impuestos indirectos, nómina, repatriación de utilidades y obligaciones de reporte. También puede activar reglas cambiarias o registros de inversión.
La planificación tributaria transfronteriza debe realizarse junto con el diseño comercial y corporativo. Crear una entidad primero y analizar los impuestos después puede limitar alternativas o generar costos innecesarios.
Contratar a una persona como empleado, vincularla a través de un tercero o contratar un proveedor independiente no produce las mismas obligaciones. Deben revisarse las reglas laborales, la nómina, los beneficios, la seguridad social, la confidencialidad y la titularidad del trabajo desarrollado.
Cuando la operación procesa información personal o transfiere datos entre países, también es necesario identificar las normas aplicables, las bases de tratamiento y los contratos requeridos. Las marcas, el software y otros activos intangibles deben protegerse en los mercados donde realmente se utilizarán.
La regulación depende del sector. Servicios financieros, activos digitales, salud, telecomunicaciones, comercio electrónico y actividades sujetas a licencias pueden exigir revisiones adicionales.
Los contratos deben definir ley aplicable, jurisdicción o arbitraje, moneda, impuestos, propiedad intelectual, protección de datos, terminación y asignación de riesgos. Un contrato diseñado para Estados Unidos no siempre puede trasladarse sin cambios a una operación latinoamericana. Una revisión temprana de cumplimiento regulatorio puede ayudar a identificar estas diferencias antes de ejecutar la expansión.
Una expansión ordenada puede dividirse en cinco etapas:
La estructura adecuada no es necesariamente la más compleja. Es la que corresponde con la operación real, permite controlar riesgos identificables y puede evolucionar junto con la empresa.
No. El nearshoring consiste en ubicar ciertas funciones cerca del mercado principal. Una expansión empresarial puede incluir ventas, inversión, contratación, alianzas, adquisiciones o presencia corporativa, incluso sin trasladar operaciones.
No necesariamente. La respuesta depende de la actividad, la duración, la contratación, los contratos, la regulación y la presencia fiscal que pueda generarse. Cada modelo debe evaluarse antes de seleccionar una entidad.
No. Ambos mantienen relaciones comerciales importantes con Estados Unidos, pero sus regímenes corporativos, tributarios, laborales, cambiarios y regulatorios son diferentes.
Conviene analizar la clasificación de la relación, nómina, beneficios, seguridad social, confidencialidad, propiedad intelectual, protección de datos y posible presencia fiscal de la empresa extranjera.
América Latina no es simplemente una alternativa cercana para reducir costos. Es una región diversa, conectada con Estados Unidos y capaz de formar parte de una estrategia de crecimiento de largo plazo. Convertir esa oportunidad en una operación sostenible requiere coordinar mercado, estructura, talento, impuestos y cumplimiento desde el inicio.
Hoyos & Associates acompaña a fundadores, inversionistas y empresas con operaciones entre Estados Unidos y América Latina. Si su empresa evalúa vender, contratar, invertir o establecer presencia en México, Colombia u otra jurisdicción de la región, una conversación inicial puede ayudar a identificar las preguntas que deben resolverse antes de avanzar.
Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal o tributaria. Las obligaciones varían según la jurisdicción, la estructura y los hechos específicos de cada caso.
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